RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y SOLDARIDAD

 El juzgado de Primera Instancia de Vigo ha dictado sentencia en virtud de la cual se ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por este Despacho "Coladas Rivas Arnaiz" en la que se solicitaba la condena al pago solidario de una mercantil y su administrador por una deuda reconocida en documento privado.

La Sentencia valora en primer término la eficacia y trascendencia jurídica del reconocimiento de deuda del modo siguiente:

 

“La figura del reconocimiento de deuda ha sido admitida por la jurisprudencia y por la doctrina científica como válida y lícita, permitida por el principio de autonomía privada o de libertad contractual sancionado en el art. 1255 del Código Civil y vinculante para quien la hace, con efecto probatorio si se hace de manera abstracta y también constitutivo si se expresa su causa justificativa (SS TS 8 marzo de 1956, 3 febrero 1973, 3 de marzo de 1981, 24 octubre 1994 y 28 septiembre 2001). El reconocimiento de deuda no crea en principio obligación alguna, dado que es un negocio jurídico unilateral por el que su autor declara o, lo que es lo mismo, reconoce la existencia de una deuda previamente constituida, por lo que contiene la voluntad de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente sobre una nueva base negocial (SS TS 28 septiembre 1998, 17 noviembre 2006, 16 abril 2008 y 6 marzo 2009). Respecto a la naturaleza y clases del reconocimiento de deuda, una reiterada jurisprudencia viene también señalando que en nuestro Derecho todo reconocimiento de deuda ha de ser causal, en el sentido de que ha de tener una causa, ya que, como regla general, no se admite el negocio abstracto. Puede ocurrir que la causa no está indicada o lo esté solamente de forma genérica, o bien, que se halle plenamente expresada en el reconocimiento de deuda, en cuya hipótesis resulta perfectamente conocida la fuente u origen de la obligación y la función negocial a que responde.
En el primer caso, se habla de reconocimiento de deuda abstracto o formal, y es de aplicación el art. 1277 del Código Civil, con arreglo al cual se presume que la causa existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario. En virtud de una abstracción procesal, se dispensa de probar la obligación al titular del derecho de crédito objeto de reconocimiento y se hace recaer el "onus probandi" sobre el obligado, considerando que se produce una inversión o desplazamiento de la carga de la prueba como consecuencia de dicha presunción legal, que es de naturaleza "iuris tantum", aunque un sector doctrinal prefiere hablar de regla especial de prueba por no concurrir en la construcción legal todos los elementos estructurales que configuran la presunción. En el segundo caso, se alude al reconocimiento de deuda como causal, puesto que la causa se halla plenamente expresada, con independencia de que sea o no verdadera, y no es de aplicación el citado art. 1277 del CC porque la presunción o regla que éste contiene resulta innecesaria (SS TS 24 octubre 1994, 13 febrero 1998, 27 noviembre 1999 y 1 marzo 2002), lo que le convierte en un negocio causal atípico, con efectos constitutivos que conllevan, en el orden procesal, facilitar al acreedor un medio de prueba de la obligación, dispensándole además de la carga de acreditar la relación jurídica preexistente, como ocurre en el reconocimiento de deuda abstracto, y en el ámbito material, dar por existente una situación de débito contra quien manifiesta tal aceptación, de manera que le obliga al cumplimiento de la obligación reconocida (SS TS 23 abril 1991, 30 septiembre 1993, 24 de octubre de 1994, 23 febrero 1998, 28 septiembre 2001, 17 noviembre 2006 y 16 abril 2008”.

A continuación, admite la responsabilidad solidaria derivada del propio contenido obligacional del reconocimiento:

Se acompaña a la demanda, como documento número 1, documento de reconocimiento de deuda de ............. suscrito entre ................ y ............. actuando el primero en nombre de ................... S.L., y el segundo en nombre, también, de ...................S.L., como administrador único de esta entidad donde se hace constar que don ........... por sí y por la representación que ostenta reconoce adeudar a ................ la cantidad de ................. euros que se compromete a abonar en 20 mensualidades consecutivas ........... mediante transferencia a la cuenta que se indica.

Para terminar declarando que se procede a :

Estimar íntegramente la demanda formulada por el procurador de los tribunales don ...................., en nombre y representación de ......................S.L., contra .................S.L., y don ................. y condenar a estos de forma solidaria a abonar a aquella la cantidad de .............euros con los intereses legales y con condena en costas.

ALTERACION CATASTRAL NULIDAD y REGISTRO DE LA PROPIEDAD

 En fechas recientes ha adquirido firmeza la Sentencia obtenida por nuestro despacho "Coladas Rivas Arnaiz " dictada por el  Tribunal Superior de Justicia de Galicia por la que se declara nula la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia por la que se rechazaba la reclamación efectuada por nuestra cliente contra la resolución de la Gerencia territorial del Catastro en virtud de la cual se alteraba la descripción y configuración de una parcela de su propiedad para atribuir parte de la misma a favor de otra persona que así lo había solicitado por el procedimiento de subsanación de errores.

La Sentencia estima íntegramente la demanda, en primer lugar reconociendo que existió un defecto de forma invalidante respecto al notificación del acuerdo, en los siguientes términos:

Segundo resulta do expediente, intentaron notificarlle a apertura do trámite de audiencia o 13.10.2020 – carta con xustificante de recepción-, non sendo posible por DIRECCIÓN INCORRECTA, e logo, non se fixo intento de averiguación do enderezo correcto nin outra notificación persoal; de acordo co Tribunal Constitucional, a notificación edictal ten un carácter supletorio e excepcional, debendo ser considerada como remedio último, sendo unicamente compatible co artigo 24 da Constitución se existe a certeza ou, polo menos, a convicción razoable da imposibilidade de localizar ao demandado ( sentenzas 48/82, 31 de maio, 63/82, do 20 de outubro, e 53/03 do 24 de marzo, entre outras moitas), sinalando, asímismo, que cando os demandados están suficientemente identificados o seu dereito á defensa non pode condicionarse ao cumprimento da carga de ler a diario os Boletíns Oficiais (segundo lembra a STS do 18 de outubro de 2022 —rec. 5517/2020—).
Resulta evidente que, o dereito de defensa do recorrente non pode estar condicionado polos datos erróneos dos arquivos públicos (enderezo incorrecto), existindo medios de cooperación administrativa – art. 42.4 Lei 39/2015- para obter o enderezo correcto, o que, carreta, en por si, a estimación do recurso.

No obstante, el Tribunal entra a decidir sobre el fondo del asunto que no es otro que valorar la actuación de la gerencia del Catastro como contraria a la normativa respecto a la discusión civil sobre título de propiedad:

O que acontece é que esta non era a realidade ó momento da pretensión do Sr........; a petición suponía cercenar un pedazo da finca ......; finca que estaba inscrita no rexistro da propiedade e, se ben, como afirma o Tribunal Supremo no Fundamento Segundo da súa sentenza do 17 de marzo de 2005 (RJ 2005, 2809) , recurso 4177/1998, Sala do civil, repetindo o que é doutrina consolidada nesta materia, “...as inscricións rexistrais non dan fe das características físicas dos inmobles que comprenden ...- A identificación non se logra coa expresión que figura nos títulos presentados no preito, nin coa inscrición rexistral, xa que se require que as leiras se determinen de modo preciso sobre o terreo e polos seus linderos e este requisito identificativo é esencial para que poidan prosperar calquera das accións do artigo 348 do Código Civil (LEG 1889, 27) ...”. – a Sra. ....... contaba cun título claro a prol dela. 
Polo tanto, se ben o Sr. ...... conta cun título de propiedade ,  a Sra........ contaba cunha escritura de propiedade do ano ......... inscrita no Rexistro da propiedade, polo que, a decisión
do Catastro – admitir a pretensión do Sr. ........ e remitir á Sra. ........ a un proceso civil- é incomprensible, xa que, o aplicado á Sra. ........... debeu aplicarllo ó Sr. ............., o que, tamén nos levaría a acoller o recurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconoce la incapacidad permanente absoluta a un trabajador tras padecer un cáncer de páncreas

 Al trabajador le fue reconocida por el INSS una incapacidad permanente total  para la profesión habitual con derecho a una prestación del 75 % de la base reguladora por ser mayor de 55 años.

Disconforme con este criterio, presentó demanda de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, que fue desestimada por un Juzgado de lo Social de Vigo, pero tras presentar un recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha revocado la Sentencia y reconoce al demandante una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo con derecho a una prestación del 100 % de la base reguladora.

La abogada de este despacho que defendió al trabajador, Luisa Rivas, alegó que los tratamientos de quimioterapia y radioterapia que había recibido le produjeron graves secuelas como un cansancio constante, debilidad y parestesias en las manos, se le caen las cosas, padece debilidad en las piernas con riesgo de caída en numerosas ocasiones, lo que le impediría realizar cualquier trabajo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia.

El TSJG tuvo en cuenta estas consideraciones y señala que aunque el cáncer de páncreas  “no presentase recidiva al tiempo del examen por el EVI, cabe señalar que el dictamen del EVI es de junio de 2022, y el actor había sido intervenido quirúrgicamente en junio de 2021 (tan solo un año antes), por lo que la valoración de la recidiva debe hacerse a más largo plazo.”

Señala también el TSJG que el trabajador padece también un Trastorno depresivo mayor acreditado por un informe psicológico muy completo de la Asociación Española contra el Cáncer, patología que considera “que inhabilita al demandante para el desempeño de toda profesión u oficio, implicando el conjunto de las dolencias que padece el actor un menoscabo profesional evidente” que imposibilita a quien la padece, para iniciar y consumar las tareas propias de un oficio, por cuanto son esas limitaciones funcionales las que determinan la efectiva reducción de la capacidad de ganancia.