Los siguientes titulares han sido noticia en Vigo durante el ultimo trimestre del año 2011 y el primero del 2012, logrando cierta notoriedad y mucha preocupación entre los afectados
.El 15 de octubre de 2011 era la fecha fijada para la demolición de parte de este edificio por una infracción urbanística cometida por la empresa promotora del edificio , juzgada y sentenciada en el año 2002., infracción, juicio y sentencia de cuya existencia nada supieron los compradores de las viviendas hasta ahora.
La historia, no por repetida, deja de ser soprendente.
Duarante la vigencia del anterior PGOU, y el plan especial de edificios a conservar, existía una norma conocida como "tapado de medianeras" que permitía, en ciertas condiciones, edificar más altura que la por ancho de calle le correspondería al solar en cuestión con el fin de ocultar medianeras de edificios colindantes preexistentes.
En aquellas fechas, mientras se tramitaba la licencia del edificio Churruca se concedió la licencia del edificio frente a República Argentina colindante al denominado edificio Aurora Polar, (edificio singular y protegido), pasando de cinco plantas a once.
El promotor de calle Churruca comprueba que aplicando el criterio de los técnicos municipales sobre el tapado de medianeras podría aumentar la altura del edificio en dos plantas, y así ocultar la muy poco digna fachada tarsera del edificio a Plaza de Portugal.
Pero el criterio de los técnicos municipales cambió, y la nueva licencia fue desestimada, a pesar de lo cual el promotor continuó la edificación de esas dos nuevas plantas retranquedas, pues el Concello le concedió el alzamiento de la medida cautelar de cese de las obras mientras tramitaba un Estudio de Detalle, figura complementaria de planeamiento que en aquellos tiempos gozaba de mucha aceptación en el Concello, pero que los Tribunales se encargaron de anular en diversas ocasiones.
En este caso, pese a todo, el Estudio de Detalle no fue aprobado, por lo que las dos nuevas plantas ya construidas carecían de licencia.
Como quiera que existía denuncia de un particular el caso llegó a los Tribunales con el resultado que ya conocemos.
Cabría pensar que los adquirentes de las viviendas no pueden resultar afectados por esta situacióm, pues nada constaba en el Registro de la Propiedad, ni fueron advertidos por el Notario, ni se había precintado la obra o impedido de algún modo la terminación y la venta de las viviendas.
La entidad financiera tasó el bien, lo hipotecó, y finalmente resulta que debe demolerse, lo cual no conlleva la desaparición del crédito hipotecario, sólo de la garantía, es decir el comprador no dispondrá de su vivienda pero adeudará el préstamo hipotecario.
Diez años después, ya no es el promotor-vendedor, ni el Concello, los que deban responder y ejecutar la sentencia, sino los adquirentes de las viviendas, por el principio de subrogación en materia urbanística que no se ve impedido, según el Tribunal Supremo, por su condición de terceros hipotecarios, es decir compradores de buena fé que inscriben en el Registro de la Propiedad.
Cabría esperar, tambien, que se aplicase un criterio de proporcionalidad entre el daño general - o particular- que produce la infracción y el daño que produce la ejecución de la sentencia de derribo. Pero en esta cuestión los Tribunales mantienen que el bien jurídico protegido es la legalidad urbanística.
En el presente caso, una vez que la Comunidad de Propietarios solicitó de nuestro Despacho de Abogados la mediación para obtener un resultado menos gravoso, se optó por justificar la imposibilidad técnica, de tal manera que , tal y como se expresa en las noticias que añado, se derribarían únicamente las dos últimas plantas del edificio, cuya titularidad ostenta el promotor, pero se conservaría el resto del edificio.
Breve relación de noticias aparecidas en prensa:
El Tribunal Superior da vía libre al derribo por fases en Churruca
El constructor exigía que se tirara a la vez todo lo construido ilegalmente
Dos plantas de un edificio de Vigo serán demolidas por tapar las vistas a un vecino
En principio, tan solo deberían ser derribadas las dos últimas plantas del inmueble situado en los números 3 y 5 de la calle Churruca, un tapado de medianera que provocó la denuncia de un vecino por ocultarle las vistas posteriores.
Los hechos se remontan a una denuncia del abogado Manuel Dopico, residente en un edificio contiguo y que hace diez años logró paralizar la construcción al constatar que estaban levantando dos pisos más de lo que permitía la licencia, además de incrementar volumen y dejarlo sin vistas por esa fachada posterior.
Sentencia inejecutable
La empresa Churruca Promociones logró continuar adelante y finalizar la obra, pero en 2002 este vecino obtuvo una primera sentencia favorable, que no llegó a aplicarse por ser inejecutable.Los vecinos y promotores sostenían que no podía aplicarse el fallo porque afectaría no sólo a las dos últimas plantas, sino a toda la edificación y supondría la demolición total del inmueble.
Manuel Dopico continuó adelante con su denuncia y logró presentar un estudio en el que se asegura que la operación es posible, aunque resulta muy costosa. El Tribunal de Galicia admitió el informe técnico y decidió reiniciar el proceso, obligando al Ayuntamiento a costear de forma subsidiaria la demolición para que reclame posteriormente los gastos a la promotora. A sólo 15 días de la fecha de ejecución se abre la posibilidad de que el TSXG acepte la propuesta parcial, si bien los vecinos desconocen la situación.
Las obras de demolición afectarán a un total de 50 familias y negocios, puesto que en los bajos también existen locales comerciales. La operación podría prolongarse meses y durante todo ese tiempo se quedarían sin agua, ascensores o electricidad, por lo que la totalidad de propietarios e inquilinos, unos 45, tendrán que abandonar sus casas y buscar otro lugar de residencia.
La amenaza de derribo altera Churruca
El Concello embarga a la promotora el importe del derribo de Churruca suspendido por el juez
El Tribunal Superior paralizó la demolición parcial dos días antes y la obra ya estaba adjudicada
El edicto municipal se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ante la imposibilidad del servicio de Recaudación Ejecutiva de Vigo de notificar las diligencias al afectado en los dos intentos que realizó. La firma Churruca Villas y Promociones S.A. tiene ahora quince días de plazo para hacerse cargo de la deuda y paralizar la retención de parte de sus bienes. La liquidación que se le intenta girar asciende a 686.114,62 euros al sumar al medio millón en que estaba presupuestado el derribo parcial los intereses de demora y varios recargos acumulados. El gobierno instó repetidas veces a la empresa a realizar por su cuenta la demolición, pero al no hacerlo, la administración local tenía obligación de ejecutar el mandato judicial y remitir luego la factura a la promotora.
El derribo estaba fijado para el jueves 1 de marzo, pero el martes de esa misma semana el Tribunal Superior gallego paralizaba temporalmente la orden tras presentar el abogado de la promotora, Juan Yarza, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Los edificios 3 y 5 de Churruca tienen pendiente de ejecutar una orden de derribo parcial desde hace una década por exceso de edificabilidad en la construcción. La sentencia del año 2002 del TSXG afecta desde la cuarta a la décima planta, aunque en una primera fase iban a desmantelarse únicamente los dos niveles superiores propiedad del promotor. Las reducciones parciales que hay que realizar en las otras cinco plantas afectadas quedaron pospuestas para más adelante al alegar Urbanismo ante el juez una "elevada dificultad" técnica y molestias para docenas de familias. Para esta segunda fase nunca llegó a fijarse fecha porque la demandante, vecina también de Churruca, no llegó nunca a solicitar la ejecución de la sentencia en las plantas más bajas.
En el inmueble viven medio centenar de familias y en el bajo hay una panadería. Todos saben que la suspensión del derribo es temporal y que la orden es firme. El letrado de Churruca Villas y Promociones S.A. logró paralizarlo en el último momento presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y espera que en septiembre u octubre el alto tribunal resuelva si admite o no a trámite el recurso. Si lo hace, la demolición parcial de las plantas novena y décima quedaría paralizada hasta que decida el Supremo en un plazo medio de dos años, mientras que si rechaza el recurso, se remitiría de nuevo el expediente al Tribunal Superior gallego y volvería a estar vigente la orden de derribo.
El Supremo permitirá el primer
derribo de un edificio en Vigo
En breve desestimará el recurso contra la demolición parcial de Churruca
En el plazo de unas pocas semanas el Tribunal Supremo despejará finalmente la vía para la primera demolición parcial de un edificio en la ciudad. Tras muchos años de pleito judicial todo está dispuesto para que desaparezcan las dos últimas plantas del inmueble situado en los números 3 y 5 de la calle Churruca.
La providencia que la sección 102 envió a las partes en julio lo evidencia con claridad al anticipar casi con total seguridad la inadmisión del recurso presentado por el promotor como última vía para evitar la entrada en acción de la piqueta. En dicho escrito el magistrado Mariano de Oro Pulido deja claro que los recursos de casación contra los autos de ejecución de sentencia «únicamente caben cuando se pueden interponer contra la sentencia, lo que no ocurre en el presente caso».
Por si no fuera suficientemente explícito, recuerda que están exceptuados los recursos cuando la resolución judicial impugnada haya recaído en un asunto cuya cuantía no exceda de 600.000 euros; en este caso, «a la vista de los datos obrantes en el expediente, ascienden a 424.000 euros».
Plantas superiores
En base a ambas apreciaciones todo hace indicar que en el plazo de unas pocas semanas el Tribunal Supremo inadmitirá el recurso presentado por el promotor (fallecido hace unos meses) y el Concello pondrá en marcha el complejo plan de derribo que estuvo a punto de llevarse a cabo el pasado mes de marzo. Se trata de demoler en una primera fase las dos plantas superiores, que excedieron la altura autorizada en la denuncia, que es la parte contratada por la Gerencia de Urbanismo. También está pendiente de demolición una parte de las plantas quinta a octava, pero en este caso hubo una acuerdo entre el denunciante, los vecinos afectados y Urbanismo para dejarlo para una segunda fase sin fecha.
La piqueta iba a comenzar a trabajar el lunes 5 de marzo, pero el 28 de febrero el Concello recibió la orden de suspensión provisional de la sentencia debido a la presentación de un último recurso por parte del promotor. Esta actuación judicial y el parón pilló completamente por sorpresa a las partes implicadas (vecinos afectados, denunciante y Concello) ya que tras seis meses de gestiones todo estaba a punto para iniciar la demolición.
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